El largo proceso de hacer que se rindan cuentas
por el programa de tortura de la Administración de Bush
Andy
Worthington
3 de diciembre de 2012
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
10 de enero de
2013
En junio de 2004, a raíz del escándalo de Abu Ghraib, un
memorándum célebre de agosto de 2002 fue filtrado. Fue escrito por John Yoo,
un abogado en la oficina del Departamento de Justicia de Asesoría Legal quien
pretendía redefinir lo que es tortura y autorizar su uso en los prisioneros
capturados en la "guerra contra el terror." No tenía idea en ese momento que su
influencia sería llegar a ser tan duradera.
Diez años y cuatro meses desde su primera publicación, este
memorándum - uno de los dos
expedidos el mismo día, que siempre serán conocidos como los "memorandos
sobre la tortura" – continúan protegiendo a los altos funcionarios del gobierno
de Bush que los emitió (así como a Yoo, y a su jefe, Jay S. Bybee, quien lo
firmó).
Estos funcionarios incluyen a George W. Bush, el ex vicepresidente Dick
Cheney y a sus abogados, Alberto Gonzales y David Addington. Ninguno de estos
hombres deberían quedar inmunes ante la persecución, porque la tortura es ilegal
bajo la ley doméstica de EE.UU., y está prohibida bajo los términos de la Convención de la ONU contra la
Tortura, que los EE.UU., bajo Ronald Reagan, firmó en 1988 y ratificó en
1994. Dado que el artículo 2.2 establece, inequívocamente, "ninguna
circunstancia excepcional, sea un estado de guerra o amenaza de guerra,
inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, puede ser
invocada como justificación de la tortura".
Sin embargo, a los arquitectos del programa de tortura no les importaba, y
todavía no les importa, porque para ellos las notas vergonzosas escritas por
John Yoo fueron diseñadas para ser un "escudo dorado", una garantía de que,
hicieran lo que hicieran, fueran cubiertos , porque tenían asesoramiento
jurídico diciéndoles que lo que era tortura no era una tortura.
Aunque el presidente Obama llegó al poder prometiendo prohibir el uso de la
tortura, y publicar el segundo Yoo y Bybee "memorándum de tortura" y otros tres
memorándums más "sobre la tortura" a partir de 2005, como
parte de un proceso legal en abril de 2009, que fue el fin del coqueteo de
su administración con la rendición de cuentas. En la corte, todos los caminos
que los abogados han tratado de abrir han sido agresivamente cerrados por el
gobierno, citando la " doctrina de secretos del estado", otro "escudo dorado"
para los torturadores, que prohíbe la discusión de cualquier cosa que el
gobierno no quiere discutir, por razones ilegítimas de seguridad nacional.
La otra oportunidad única para detener la podredumbre fue hace tres años,
cuando una investigación ética interna del DoJ concluyó, después de varios años
de trabajo diligente, que Yoo y Bybee eran culpables de "mala conducta
profesional", cuando escribieron y firmaron los memorándums. Eso podría haber
llevado a que sean inhabilitados, lo que habría sido un inconveniente para un
profesor de derecho en la Universidad de Berkeley (Yoo) y un juez de la Corte
del Noveno Circuito de Apelaciones (Bybee), y que bien podría haber
desencadenado ondas que se han llevado a Bush y Cheney y sus abogados.
Sin embargo, en el último momento un viejo apañador del Departamento de
Justicia, David Margolis, fue autorizado para anular
las conclusiones del informe, alegando que ambos hombres eran solamente
culpables de "mal juicio", lo que, según él, era comprensible tras los ataques
del 9/11, y que no llevaba ningún tipo de sanciones.
Frustrado en los EE.UU., los que buscaban rendición de cuentas tuvieron que
buscar en otra parte - en España y en Polonia, donde uno de los "lugares negros"
de la CIA estaba ubicado, y en Italia, donde 23 estadounidenses - - 22 agentes
de la CIA y un coronel de la Fuerza Aérea fueron
condenados en noviembre de 2009 por secuestro de un clérigo egipcio Abu
Omar, y dejándolo a Egipto, donde fue torturado, en una decisión que fue confirmada
en apelación en septiembre de este año.
Los EE.UU. se ha negado a extraditar a ninguno de los hombres y mujeres
condenados en Italia, pero el fallo de la corte es un recordatorio de que no en
todo el mundo se cree en el "escudo dorado" de Yoo y Bybee.
Por otra parte, a pesar de que altos funcionarios de la administración Bush -
George W. Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld - hasta ahora han eludido la
responsabilidad, la capacidad de viajar por el mundo libre se ha visto
obstaculizada por sus acciones. En febrero de 2011, por ejemplo, George W. Bush
canceló
una visita a Suiza, cuando se le notificó que los abogados - en la sede en
Nueva York del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) y el Centro
Europeo con sede en Berlín para los Derechos Constitucionales y Humanos - habían
preparado un
enjuiciamiento por tortura masiva que iba a ser presentado al gobierno suizo
el momento en que aterrizara en el país.
El ex presidente fue informado de que los países extranjeros pueden llevar a
cabo sus responsabilidades en virtud de la Convención de la ONU contra la
Tortura más en serio que los Estados Unidos, y que puede ser detenido, sobre la
base de que su país había fallado en actuar en
la clara evidencia de que él había autorizado la tortura, sobre la cual él
se había jactado en sus memorias, Decision Points, publicadas en noviembre de
2010.
Más recientemente, los abogados que buscan la rendición de cuentas han
intentado perseguir George W. Bush en Canadá. En septiembre pasado, antes de la
visita del ex presidente, CCR y el Centro Canadiense para la Justicia
Internacional (CCIJ) presentó un proyecto
de acusación de 69 páginas al Fiscal General Robert Nicholson, junto con más
de 4.000 páginas de material de apoyo, estableciendo el caso de tortura en
contra de él.
Cuando esto fue rechazado, los abogados lanzaron
una acusación particular en la Audiencia Provincial, en Surrey, British
Columbia, en nombre de cuatro presos de Guantánamo - Hassan
bin Attash, Sami
el-Hajj, Muhammed
Khan Tumani y Murat Kurnaz
(todos en libertad, con la excepción de bin Attash) - en el día de la llegada de
George W. Bush a Canadá.
Esto también fue infructuoso, ya que la Procuraduría General de la Columbia
Británica intervino rápidamente para cerrar
el juicio. Sin inmutarse, sin embargo, la semana pasada CCIJ y CCR ha
probado un nuevo enfoque a nombre de estos cuatro hombres que, como Katherine
Gallagher de CCR se explica en The Guardian,
"son todos los sobrevivientes del programa de tortura sistemática que el
gobierno de Bush ha autorizado y realizado en lugares como Afganistán, Irak,
Guantánamo, y en numerosas cárceles y los "lugares negros" de la CIA a través de
todo el mundo. "
"Entre ellos", añadió, "que han sido golpeados, colgados de las paredes o
techos, privados de sueño, comida y agua, y se somete a temperaturas de
congelación y otras formas de tortura y malos tratos durante su detención
policial bajo la custodia de EE.UU.".
El nuevo enfoque adoptado por los abogados, ha sido presentar una queja ante
el Comité de la ONU contra la Tortura, en la que los cuatro hombres "están
haciendo una pregunta: ¿cómo puede el hombre responsable de ordenar estos
crímenes atroces abiertamente entrar en un país que se ha comprometido a
enjuiciar a todos los torturadores, independientemente de su posición y no
enfrentar una acción legal?"
Como Gallagher explicó: "Canadá debería haber investigado estos crímenes. La
responsabilidad de hacerlo está albergada en el código penal nacional que
explícitamente autoriza al gobierno a enjuiciar la tortura que ocurre fuera de
las fronteras canadienses. No hay ninguna razón por la que no puede aplicar a
los ex jefes de Estado y, de hecho, la convención se ha considerado aplicable a
tales figuras como Hissène Habré [el ex presidente de Chad] y Augusto Pinochet
".
Esto es cierto, y será interesante ver cómo el Comité de la ONU contra la
Tortura responde. Probablemente el "escudo dorado" no necesitará invocarse vez
más por los EE.UU., ya que el gobierno canadiense no tiene evidentemente ningún
deseo de molestar a su vecino, y tiene en su propio récord un terrible historial
en lo que respecta a la preservación de los derechos humanos en la "guerra
contra el terror ", como es el caso de Omar
Khadr en Guantánamo, y Mahar Arar y otras personas que fueron torturadas
en Siria. Sin embargo, la presentación es digna de elogio para recordar a la
gente que los grandes crímenes – cometidos por los funcionarios de más alto
rango de Estados Unidos y sus abogados - todavía permanecen en la impunidad, y
que esta es una situación que debe ser considerada una desgracia mayor en lugar
de algo que debe ser cepillado a un lado.
Nota: Para los carteles de la historia de "criminal de guerra" Nigel
Ayers (con Tony Blair y George W. Bush), ver sitio web de Nigel
aquí.
Andy Worthington es el autor de The Guantánamo
Files: las historias de los 774 detenidos en la prisión ilegal de América
(publicado por Pluto Press, distribuidas por Macmillan en los EE.UU., y está
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EE.UU. y el Reino
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